La Comunidad de Madrid ha elevado el tono contra el gobierno de Pedro Sánchez tras detectar posibles irregularidades en el traslado de menores migrantes no acompañados, asegurando que algunos de ellos contaban con familiares o incluso trabajo en otras comunidades autónomas antes de ser reubicados.
El Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso ha advertido que no aceptará nuevos traslados, al considerar que el mecanismo utilizado carece actualmente de respaldo legal. Esta posición ha sido trasladada por la consejera de Servicios Sociales, Ana Dávila, en una carta dirigida al ministro Ángel Víctor Torres.
Según el Ejecutivo madrileño, el sistema aplicado habría pasado por alto aspectos clave como la situación personal de los menores, su entorno familiar o incluso su voluntad, lo que habría provocado casos en los que jóvenes han sido trasladados pese a estar ya integrados en otras regiones.
Desde la Comunidad de Madrid sostienen que estas decisiones han derivado en situaciones de mayor vulnerabilidad, llegando en algunos casos a escenarios cercanos a la exclusión social. Además, denuncian la falta de coordinación con los servicios de protección y la ausencia de evaluaciones individualizadas.
En este contexto, Madrid ha instado al Gobierno central a detener este modelo de reubicación, advirtiendo de que recurrirá a acciones legales si se mantiene fuera de los procedimientos establecidos.
El conflicto se enmarca en la tensión entre administraciones por la gestión de menores migrantes, un debate que sigue abierto sobre el reparto, la legalidad de los traslados y las condiciones en las que se llevan a cabo.
