El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por la Comunidad de Madrid contra el Real Decreto de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez.
La decisión abre ahora un plazo de cinco días para que la Administración General del Estado responda a la solicitud de medidas cautelares planteada por el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso, que pide la suspensión de la norma.
Recurso presentado por el Gobierno regional
El recurso fue formalizado la pasada semana por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, después de que el propio Gobierno autonómico anunciara su intención de recurrir el decreto.
Entre las medidas solicitadas se incluye la paralización cautelar de la normativa mientras se resuelve el fondo del asunto.
Tres argumentos principales
Desde el Ejecutivo madrileño sostienen que la regularización plantea varios problemas de fondo. En concreto, señalan tres cuestiones clave:
- Impacto en los servicios públicos, al considerar que puede aumentar la presión asistencial sin que se hayan previsto recursos adicionales
- Posible contradicción con la normativa europea
- Riesgos en materia de seguridad nacional, según la argumentación del recurso
Pendientes de la decisión del Supremo
Con la admisión a trámite, el proceso judicial entra ahora en una nueva fase. Será el Tribunal Supremo quien, tras recibir las alegaciones del Gobierno central, decida si adopta o no las medidas cautelares solicitadas.
Mientras tanto, el recurso mantiene abierto el pulso institucional en torno a la regularización de inmigrantes, una medida que ha generado debate político y preocupación en distintas administraciones por su posible impacto en los servicios públicos.
