El precio de los carburantes vuelve a situarse en el foco tras detectarse coincidencias reiteradas en las tarifas de distintas gasolineras, especialmente entre estaciones denominadas ‘low cost’. En muchas ciudades de tamaño medio, los conductores se encuentran con precios idénticos durante días consecutivos, lo que limita la capacidad de elección y genera dudas sobre la existencia de posibles acuerdos entre empresas.
Según recoge el diario digital El Plural, esta situación podría estar afectando directamente a los consumidores, que ven cómo desaparecen las diferencias de precio en un mercado donde debería existir competencia.
Diferencias entre grandes marcas y estaciones ‘low cost’
Mientras que las grandes compañías energéticas suelen presentar variaciones frecuentes de precios, promociones o descuentos, en el segmento de gasolineras económicas se repite un patrón distinto: tarifas prácticamente calcadas en estaciones cercanas entre sí.
Este comportamiento resulta llamativo, ya que la legislación española, a través de la Ley de Defensa de la Competencia, prohíbe expresamente acuerdos entre empresas para fijar precios, al considerarlos prácticas anticompetitivas sancionables.
El caso de Gandia como ejemplo
En ciudades como Gandia, la situación resulta especialmente evidente. En un radio reducido conviven numerosas estaciones ‘low cost’ que, en determinados días, han llegado a ofrecer exactamente los mismos precios tanto en gasolina como en diésel.
Por ejemplo, en fechas recientes, varias gasolineras de la zona marcaron 1,879 euros/litro en diésel y 1,779 euros en gasolina, con apenas diferencias de unos céntimos entre ellas. Días después, tras ajustes fiscales, volvieron a coincidir en nuevas tarifas prácticamente idénticas.
Un patrón que se repite todo el año
Más allá de momentos puntuales, lo que preocupa es la persistencia de estos precios iguales a lo largo del tiempo, incluso en contextos de alta volatilidad internacional, donde lo habitual sería observar cambios constantes.
Además, muchas de estas estaciones operan en régimen de autoservicio y con estructuras de costes similares, lo que podría explicar parte de la coincidencia, aunque no elimina las dudas sobre la falta de competencia real.
¿Quién debe vigilar estas prácticas?
Ante este escenario, surge la cuestión de quién debe supervisar posibles irregularidades. Las autoridades de competencia y las administraciones públicas tienen la responsabilidad de garantizar un mercado transparente y evitar prácticas que perjudiquen a los consumidores.
Mientras tanto, los conductores continúan siendo los principales afectados, enfrentándose a un mercado en el que, al menos en determinadas zonas, elegir una gasolinera u otra apenas supone diferencia en el precio final.
