La Comunidad de Madrid ha elevado el tono contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras la presentación del nuevo modelo de financiación autonómica impulsado por el Ministerio de Hacienda. El Ejecutivo regional estudia recurrir “por todas las vías legales posibles” un sistema que considera injusto, opaco y diseñado para contentar al independentismo catalán a costa del resto de territorios.
La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha advertido de que el planteamiento del Gobierno supone un agravio directo para los madrileños, al respetar el principio de ordinalidad para Cataluña mientras se ignora para otras comunidades. A su juicio, el modelo no corrige los desequilibrios existentes, sino que los profundiza, obligando a Madrid a aportar más recursos sin recibir un trato equitativo.
Albert ha denunciado que, pese al anuncio de una inyección adicional de fondos, Madrid seguirá recibiendo muchos menos recursos por habitante que Cataluña, lo que impacta directamente en la financiación de servicios públicos esenciales. “Se nos exige más esfuerzo fiscal mientras se sigue financiando la agenda política del independentismo”, ha criticado.
Desde el Gobierno regional también se reprocha a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la falta de transparencia en la elaboración del nuevo modelo y el haber marginado a las comunidades autónomas del proceso. Madrid considera especialmente grave que no se haya convocado con antelación el Consejo de Política Fiscal y Financiera, dejando a las regiones al margen mientras Cataluña conocía de antemano los detalles del acuerdo.
En la Puerta del Sol interpretan este movimiento como un nuevo capítulo de cesiones políticas para garantizar la estabilidad parlamentaria de Sánchez, incluso a costa de romper el principio de igualdad entre españoles. “Se vuelve a repetir el mismo patrón: acuerdos bilaterales con los socios separatistas y facturas que acaban pagando las comunidades que cumplen”, sostienen fuentes del Ejecutivo madrileño.
Madrid no está sola en su rechazo. Otras comunidades, incluidas algunas gobernadas por el PSOE, han expresado también su malestar y no descartan acudir a los tribunales. El Gobierno regional insiste en que el nuevo modelo difícilmente saldrá adelante sin una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y sin el respaldo del Congreso.
Para la Comunidad de Madrid, el anuncio de Hacienda no es una solución estructural, sino un parche político que agrava la desigualdad territorial. “Mucho ruido, pero pocas garantías de equidad”, resumen desde el Ejecutivo autonómico, que avisa de que no aceptará un sistema que penalice a quienes más aportan y cumplen con rigor fiscal.
Fotógrafo / © Alberto Di Lolli
