La videovigilancia municipal se ha consolidado como una de las principales herramientas de apoyo en la investigación de delitos en Madrid. Desde 2020, las solicitudes de imágenes captadas por las cámaras de la Policía Municipal se han triplicado, pasando de 1.023 peticiones ese año a 3.154 al cierre de 2025.
El refuerzo de estos sistemas comenzó tras la llegada de José Luis Martínez-Almeida a la Alcaldía en 2019. Desde entonces, el Consistorio ha ampliado progresivamente la red hasta alcanzar 404 cámaras operativas, de las cuales 183 se han instalado en los últimos dos mandatos, con una inversión acumulada superior a 5,5 millones de euros.
La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha hecho balance de esta evolución durante su visita al Centro Integrado de Señales de Video (CISEVI), donde se reciben y custodian las grabaciones. Según los datos municipales, el 91,5% de las solicitudes de imágenes proceden de la Policía Nacional, mientras que el resto corresponden a juzgados, Guardia Civil y a la propia Policía Municipal.
Robos, lesiones y delitos violentos
Las grabaciones se utilizan principalmente en la investigación de robos con violencia e intimidación, hurtos, lesiones y daños, aunque también han sido requeridas en casos de violencia de género, crimen organizado o incluso homicidios.
La evolución anual refleja un crecimiento sostenido: 1.697 solicitudes en 2021; 1.791 en 2022; 2.470 en 2023; 2.970 en 2024 y las citadas 3.154 en 2025.
Nuevas zonas y cámaras con inteligencia artificial
En el actual mandato se han instalado 72 nuevas cámaras en puntos como la plaza del Dos de Mayo, plaza Elíptica, calle Cullera o los parques Calero y Pradolongo, además de ampliaciones en la Puerta del Sol. También están en tramitación nuevos sistemas en Oporto, Jacinto Benavente y parque Paraíso, así como renovaciones en Tirso de Molina y AZCA.
Parte de estos dispositivos incorporan tecnología de inteligencia artificial, que facilita las búsquedas y el análisis de imágenes. En la actualidad, 120 cámaras cuentan con este sistema, cerca del 30% del total.
Desde el Ayuntamiento insisten en que el uso de la videovigilancia se realiza con autorización previa de la comisión competente y bajo supervisión policial, subrayando que su implantación responde a criterios “quirúrgicos” en zonas concretas de la ciudad.
Con esta expansión, Madrid consolida la videovigilancia como un instrumento clave tanto para la investigación como para la prevención del delito en espacios públicos.
