El Ayuntamiento de Madrid ha intensificado su ofensiva contra los pisos turísticos irregulares y ha logrado recuperar 323 viviendas en 2025, que han dejado de destinarse a alquiler vacacional para volver al mercado residencial. La medida se enmarca en la estrategia municipal para contener este tipo de actividad y reforzar el cumplimiento de la normativa urbanística.
Además, el Consistorio ha ordenado el cese de la actividad en otros 315 inmuebles y ha tramitado 117 sanciones económicas por operar sin autorización, según los datos del informe de gestión de la Agencia de Actividades.
Más inspecciones y presión sobre la actividad ilegal
El refuerzo del control se ha traducido en un aumento de la actividad inspectora. Durante 2025 se iniciaron 607 expedientes para restablecer la legalidad urbanística, lo que supone un incremento significativo respecto al año anterior.
En paralelo, el Ayuntamiento dictó más de 500 resoluciones administrativas vinculadas a este tipo de infracciones, combinando órdenes de cese con medidas disciplinarias para garantizar su cumplimiento. También se impusieron multas coercitivas de entre 1.000 y 3.000 euros para forzar la paralización de la actividad en viviendas ilegales.
Sanciones más elevadas
El endurecimiento de las sanciones es otro de los pilares de la estrategia municipal. De las 117 multas impuestas, la gran mayoría alcanzaron los 30.000 euros, aunque también se registraron sanciones de 20.000 y hasta 60.000 euros en los casos más graves.
Este aumento refleja la intención del Ayuntamiento de disuadir la proliferación de pisos turísticos sin licencia mediante un mayor impacto económico sobre los infractores.
Crecimiento sostenido de las actuaciones
Las cifras evidencian una tendencia al alza en la intervención municipal. Las viviendas recuperadas en 2025 suponen un aumento respecto a años anteriores y consolidan el cambio iniciado tras la puesta en marcha del Plan Reside en 2024.
Este plan marcó un punto de inflexión en la política municipal, con el objetivo de devolver viviendas al uso residencial y aliviar la presión sobre el mercado inmobiliario en la capital.
