La Federación de Municipios de Madrid ha advertido de un “colapso” en los servicios municipales tras la entrada en vigor del proceso extraordinario de regularización migratoria impulsado por el Gobierno central.
Su presidenta, Judith Piquet, ha solicitado una reunión urgente con el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, para abordar lo que califica como una situación límite en los ayuntamientos.
Saturación en la atención municipal
Desde la federación señalan que los consistorios están asumiendo una carga administrativa creciente derivada de la tramitación de documentación, sin contar con refuerzos de personal ni recursos adicionales.
Según trasladan, los ayuntamientos se han convertido en la primera ventanilla para miles de gestiones relacionadas con este proceso, lo que está generando atascos en oficinas municipales ya de por sí saturadas.
Críticas a la falta de coordinación
Piquet ha criticado que la medida se haya aprobado sin coordinación con las administraciones locales ni autonómicas, lo que, a su juicio, dificulta la gestión de un proceso de gran impacto administrativo y social.
En este sentido, ha señalado que la decisión se ha adoptado de forma unilateral, sin información previa suficiente para los municipios, que ahora deben asumir las consecuencias operativas.
Sin financiación ni refuerzos
Uno de los principales reproches se centra en la ausencia de apoyo por parte del Ejecutivo. La FMM denuncia que el proceso no contempla financiación adicional, refuerzos de personal ni mecanismos de compensación para los ayuntamientos.
Desde la federación consideran que esta situación está trasladando a las administraciones locales una responsabilidad que no viene acompañada de los recursos necesarios, lo que pone en riesgo la calidad de los servicios públicos municipales.
Petición de soluciones urgentes
Ante este escenario, la FMM reclama medidas inmediatas que permitan aliviar la presión sobre los servicios municipales y garantizar una gestión adecuada del proceso.
La federación insiste en la necesidad de abrir un canal de diálogo con el Gobierno para coordinar actuaciones y dotar de recursos a los ayuntamientos, evitando que la situación continúe agravándose en las próximas semanas.
