La Comunidad de Madrid prepara un nuevo decreto para reforzar el control sobre las viviendas de uso turístico (VUT). La principal novedad es que bastará con que la comunidad de propietarios prohíba esta actividad para impedir nuevas autorizaciones en el edificio.
La medida forma parte de una actualización normativa que busca limitar la expansión de este tipo de alojamientos y mejorar sus condiciones, en un contexto de creciente presión sobre el mercado residencial.
Más requisitos para operar
El nuevo marco también introduce exigencias más estrictas. Las viviendas deberán contar con ropa de cama, baño y mesa, así como menaje completo de cocina, además de cumplir con superficies mínimas y límites de ocupación.
En el caso de los apartamentos turísticos, se fijarán criterios más detallados en aspectos como iluminación, ventilación, mobiliario y confort, con el objetivo de garantizar estándares de calidad. Asimismo, será obligatorio disponer de un certificado de idoneidad.
Refuerzo del control y papel municipal
La normativa también prohíbe expresamente las viviendas turísticas en inmuebles de protección pública y refuerza la capacidad de los ayuntamientos para establecer límites por zonas o edificios.
Además, la responsabilidad administrativa recaerá en el titular de la actividad, que deberá presentar la declaración necesaria para iniciar el negocio.
Más inspecciones y sanciones
El endurecimiento llega acompañado de un aumento del control. En los últimos años, la región ha intensificado las inspecciones, con más de 3.000 viviendas dadas de baja en 2025 y cientos adicionales en 2026.
También se han incrementado las sanciones, con multas que rozan el medio millón de euros, en una estrategia para reducir la oferta irregular.
Contexto y presión del mercado
Actualmente, existen más de 15.000 viviendas turísticas en la región, aunque su peso sigue siendo reducido respecto al total del parque residencial. Sin embargo, el Gobierno regional advierte de nuevos movimientos hacia el alquiler de temporada, lo que podría generar nuevas distorsiones en el mercado.
La reforma se produce además en un contexto de tensión con plataformas digitales de alquiler vacacional, en pleno debate sobre la regulación del sector y su impacto en el acceso a la vivienda.
