El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha solicitado una auditoría independiente sobre 53 proyectos de macroplantas fotovoltaicas tras detectar posibles irregularidades en los procedimientos de evaluación ambiental.
El consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, ha trasladado esta petición al Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Sara Aagesen, ante la preocupación por la concesión de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) que podrían no haberse tramitado con el rigor exigido.
Dudas sobre el proceso y el impacto territorial
Los proyectos afectados ocupan más de 10.000 hectáreas en la región, y desde el Ejecutivo autonómico se advierte de posibles deficiencias en la tramitación. Entre las preocupaciones destaca que algunas evaluaciones ambientales podrían haberse aprobado antes de la planificación territorial, lo que generaría un desarrollo desordenado.
Además, se alerta del impacto sobre zonas agrícolas de alto valor, como olivares y viñedos, así como sobre el paisaje y la biodiversidad.
Propuestas para reforzar el control
La Comunidad de Madrid plantea que se realice un análisis global del impacto de estas macroplantas fotovoltaicas, teniendo en cuenta el efecto acumulado sobre el territorio. También propone que las autonomías tengan mayor peso en la autorización de estos proyectos, especialmente en aquellos de gran tamaño.
En paralelo, el Gobierno regional insiste en que la transición energética debe compatibilizarse con la protección del entorno y la actividad agraria, evitando una ocupación masiva del suelo.
Este movimiento abre un nuevo frente en el debate sobre el desarrollo de energías renovables, en un contexto de crecimiento acelerado de las instalaciones solares en toda España.
