El Gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado una ofensiva judicial para frenar la creación del nuevo centro adscrito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) vinculado al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), pese a que el propio Ministerio de Universidades, hoy integrado en el departamento que dirige Diana Morant, avaló previamente su constitución y le otorgó todos los informes necesarios para su puesta en marcha.
El recurso contencioso-administrativo, presentado el pasado 12 de enero ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se dirige contra la orden aprobada en noviembre por la Comunidad de Madrid que autorizaba oficialmente el centro. Desde el Ejecutivo autonómico califican la maniobra de incoherente e inédita, al tratarse de un recurso contra un procedimiento que —según subrayan— cumplió escrupulosamente la normativa vigente y contó con el visto bueno del propio Gobierno central.
Fuentes de la Consejería de Educación madrileña recuerdan que la tramitación del centro se inició en 2023, a instancias de la propia Universidad Complutense, y que el Ministerio concedió incluso el código oficial necesario para que el centro figurara como institución autorizada para impartir titulaciones universitarias. “El Gobierno está recurriendo algo que previamente aprobó y validó”, denuncian.
Un frente político y académico coordinado
La decisión del Ejecutivo de Sánchez no llega sola. El recurso del Ministerio se suma a los ya presentados por el PSOE de Madrid y por la Universidad Carlos III, configurando un frente común contra una autorización que había seguido todos los cauces legales.
Desde el PSOE-M se sostiene que la adscripción vulnera la normativa de colegios profesionales, al considerar que el ICAM no debería impartir titulaciones oficiales de grado. En una línea similar se ha expresado el rector de la Carlos III, Ángel Arias, quien ha llegado a calificar la autorización de “error” y de abrir una “puerta falsa” en el sistema universitario.
Estas posiciones contrastan con la defensa realizada por la Universidad Complutense, cuyo rector, Joaquín Goyache, ha rechazado que se trate de una privatización y ha defendido la colaboración con instituciones profesionales de relevancia, siempre dentro del marco legal.
Sospechas de motivación política
El conflicto se produce en un contexto político especialmente delicado y ha alimentado las sospechas de una motivación política detrás del recurso del Gobierno central. La autorización del centro se produjo en paralelo a un proceso judicial de alto voltaje político en Madrid, en el que el ICAM ejerció como acusación particular, un hecho que desde la Comunidad de Madrid consideran relevante, aunque tanto el Colegio como el Ejecutivo autonómico insisten en que ambos procesos no guardan relación.
Desde el Ministerio de Universidades se insiste en que la docencia universitaria oficial no es función de los colegios profesionales, aunque el propio ICAM modificó sus estatutos —a petición de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid— para ajustarse a la legalidad, un requisito que fue considerado válido durante la tramitación.
Para el Gobierno madrileño, el recurso de Diana Morant supone un precedente peligroso, al cuestionar decisiones administrativas avaladas por el propio Estado y generar inseguridad jurídica en el sistema universitario.
“Si el Ministerio no estaba de acuerdo, nunca debió haber dado su aval”, concluyen fuentes autonómicas, que consideran que el Ejecutivo de Sánchez se desautoriza a sí mismo con este movimiento judicial.
