Una nueva rotura de vía ha sido detectada en la línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona apenas una semana después del grave accidente de Adamuz (Córdoba), que dejó 45 víctimas mortales y puso en el centro del debate la seguridad de las infraestructuras ferroviarias en España.
La incidencia se localiza en el punto kilométrico 490,129, a la altura de L’Espluga de Francolí (Tarragona), a unos 115 kilómetros de la estación de Barcelona-Sants. Según fuentes del sector, varios trenes circularon por la zona antes de que se actuara sobre la vía, lo que obligó a Adif a intervenir de urgencia y a imponer limitaciones temporales de velocidad.
Inicialmente, el gestor público de infraestructuras estableció un Límite Temporal de Velocidad (LTV) de 110 km/h, que posteriormente se redujo hasta 80 km/h en la vía 1 en dirección Madrid, una restricción que se suma a otras aplicadas en distintos puntos de la red tras avisos reiterados de los maquinistas.
La reparación se llevó a cabo mediante un “embridamiento de la vía”, una solución provisional que consiste en unir el raíl dañado con una pieza metálica adicional. Aunque Adif asegura que la incidencia está resuelta, se mantienen restricciones en el entorno, lo que evidencia la fragilidad del trazado.
Fuentes ferroviarias señalan que los maquinistas de varios trenes notaron un fuerte golpe al pasar por el tramo afectado, lo que motivó la comunicación inmediata a los centros de control. Como consecuencia, las unidades que atravesaron la zona están siendo inspeccionadas para comprobar que no sufrieron daños estructurales.
Desde Adif confirman que reciben las notificaciones de los maquinistas y que aplican los protocolos de seguridad, pero este nuevo episodio vuelve a poner en cuestión la política de mantenimiento de la red ferroviaria, especialmente tras conocerse que en el tramo de Adamuz se habrían incumplido las propias normativas técnicas de soldadura, según distintas informaciones publicadas en los últimos días.
Este nuevo incidente alimenta las críticas al Gobierno de España y al Ministerio de Transportes, en un contexto marcado por la falta de inversión acumulada en infraestructuras, las advertencias del sector y la creciente presión política tras la tragedia de Adamuz. Mientras tanto, los usuarios y profesionales del ferrocarril observan con preocupación cómo los fallos se repiten en la red de alta velocidad, sin que se despejen las dudas sobre si se están adoptando medidas estructurales suficientes para garantizar la seguridad.
