La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pide a la Comisión Europea que no active de forma provisional el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur mientras no se garantice una protección efectiva para los agricultores y ganaderos españoles.
La solicitud llega después de que el Parlamento Europeo haya acordado denunciar el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al considerar que existen dudas sobre su compatibilidad con el Derecho comunitario. Esta decisión supone, en la práctica, una paralización del proceso de ratificación, aunque no impide que la Comisión Europea pueda aplicarlo de manera provisional, una posibilidad que genera inquietud en el sector primario.
A través de sus redes sociales, Díaz Ayuso defiende que Mercosur puede ser “una oportunidad para Europa”, pero advierte de que deja de serlo si se impulsa “a espaldas del mundo rural”. En este sentido, insta al Gobierno de España a posicionarse con claridad en defensa de un sector que considera estratégico, no solo por su papel en la alimentación, sino también por su contribución a la protección del medioambiente y a la cohesión territorial.
Pedimos a la Comisión Europea que no active el acuerdo con Mercosur hasta que se garantice la protección de nuestros agricultores y ganaderos.
Mercosur es una gran oportunidad para Europa pero nunca lo será si es a espaldas del mundo rural.
El Gobierno de España debe defender…
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 22, 2026
Desde el Ejecutivo madrileño se subraya que cualquier apertura comercial debe ir acompañada de condiciones de reciprocidad, especialmente en materia de estándares de producción, controles sanitarios y exigencias medioambientales. La Comunidad de Madrid sostiene que los productores españoles no pueden competir en inferioridad de condiciones frente a países terceros que no están sujetos a las mismas normativas que rigen en la Unión Europea.
Coordinación con el sector agrario
En esta línea, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, mantiene un acuerdo con las principales organizaciones agrarias madrileñas para coordinar una respuesta institucional frente al acuerdo con Mercosur. Novillo defiende que no se puede avalar un modelo comercial que sacrifique al agricultor europeo y reclama una política agraria basada en la justicia, la sostenibilidad y la viabilidad económica del campo.
La Comunidad de Madrid se suma así a las voces críticas que, desde distintas regiones y sectores productivos, cuestionan la aplicación unilateral del tratado. Una preocupación que se intensifica ante el impacto que podría tener en un sector ya tensionado por el incremento de los costes de producción y la carga normativa que soporta desde las instituciones europeas.
